Exultante, la gobernadora Rosana Bertone anunció, en julio de 2017, la futura obra de 12.000 m2 para el Hospital Regional Ushuaia, a ejecutarse en 12 meses: 34 consultorios; 135 camas de internación (53 más que las 82 actuales); sector de rehabilitación de 400 m2; hospitales de día; área oncológica y de salud mental y terapia intermedia, además de ampliar la terapia intensiva pediátrica y de neonatología y el servicio de diálisis.
En junio de 2017, la Provincia había elegido para ejecutar semejante tarea en plazos perentorios a DAL Construcciones S.A., desplazando a Juan Felipe Gancedo; UTE Condor S.A. y Gada S.A..; y Benedetti Diego Martín, con una inversión total de $ 97 millones, que incluyó un anticipo financiero del 25%, o sea $ 24,3 millones, a precios de abril de 2017.
Los recursos surgirían del Fideicomiso Austral, dispuesto por el Decreto 2084/2010, como Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego, firmado por Cristina Fernández de Kirchner en presencia de la por entonces gobernadora Fabiana Ríos.
Y se mantuvo con la Administración Mauricio Macri en la Nación y la gestión Roxana Bertone en Tierra del Fuego.
La continuidad del Fideicomiso Austral fue la clave, supuestamente, del ferviente apoyo que Bertone le ha concedido a la Administración Macri, a través del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Cada mes, Macri debe transferir recursos del Tesoro Nacional por un monto equivalente al 50% de la regalías hidrocarburíferas correspondientes a las áreas costa afuera ubicadas en la plataforma continental adyacente a la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Sin embargo, 48 horas antes de que el Gobierno nacional presentara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2019, la gobernadora Bertone alertó sobre la posibilidad de que Macri no destinara $ 860 millones para ser ejecutados por la provincia de Tierra del Fuego, comprometidos para el Fideicomiso Austral, que ya registraba incumplimientos de Nación.
A mediados de 2017, Bertone puso el cartel de obra y los fueguinos se prepararon para la inauguración entre julio y septiembre 2018.
Sin embargo, en diciembre de 2018 el predio es casi un basural, sin que Bertone haya ofrecido o una explicación o un reproche, probablemente para no romper sus acuerdos con la Administración Macri.
Con la inflación que aceleró durante 2018, es una obviedad que la estructura de costos ha quedado deformada, requiriendo casi una relicitación por la cantidad de ajustes que habría que realizarle a la oferta elegida inicialmente.
La ciudad de Ushuaia carece de la infraestructura prometida y necesaria, y es muy fuerte el contraste entre el predio abandonado y la extensión por 1 año más de la emergencia sanitaria en la provincia solicitada por Bertone a la Legislatura fueguina.
La emergencia sanitaria se declaro en 2016; por un plazo máximo de 12 meses para dar cumplimiento a la sentencia judicial que intimó a Tierra del Fuego a adoptar con “carácter urgente toda medida que resulte necesaria para disponer la infraestructura edilicia y los recursos materiales y humanos que garanticen en forma plena y efectiva el adecuado servicio de salud”.
Durante el plazo que durase la emergencia, el Ejecutivo provincial delegó en su Ministerio de Salud la ejecución del “Plan Director de Infraestructura para el mejoramiento y ampliación de los hospitales regionales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia”.
A fin de acotar los plazos de cumplimiento de ese objetivo, el proyecto anunció que “las obras públicas nuevas y las ampliaciones edilicias que integren el Plan Director de Infraestructura, podrán ser contratadas mediante el procedimiento de licitación privada en virtud de las razones excepcionales declaradas en esta ley o de manera directa mediante el procedimiento establecido en la Ley Provincial N° 1.015”.
También habilitó la contratación directa“de bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso que deban realizarse para garantizar el normal funcionamiento del servicio de salud”.
La consecuencia de la emergencia sanitaria de Berone consiste en que no resolvió ningún problema, hasta la fecha, y se limitó a parchar la agujereada salud publica provincial.