Cualquiera de los bolsos repletos de dinero que el chofer del ex secretario de Energía, Roberto Baratta, reveló que se entregaban en direcciones vinculadas con el poder, o los que el ex secretario de Obras, José López, fue sorprendido in fraganti revoleando sobre el muro del convento de General Rodríguez, o los que se dice que viajaban en vuelos oficiales, era recibido de manos de algunos empresarios favorecidos por decisiones a medida que se solían emanar de mesas chicas del gobierno.
Cohecho, coima, soborno, asociación ilícita o como se lo termine encuadrando, representa el retorno por un interés económico de un precio sobrevaluado que afecta el interés general, el ciudadano y asimismo el de los competidores de los adjudicatarios espurios que se benefician con estos actos de corrupción, en el caso detonado por los cuadernos de Centeno, el club de la obra pública.
Según los cálculos de la fiscalía de Carlos Stornelli que trascendieron, el monto en cuestión ronda los US$200 millones.
En la declaración hecha al juez Claudio Bonadío como arrepentido, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien confesó que pivoteaba con algunos de los asociados de la entidad el mecanismo de los retornos, afirmó que, según el contrato, oscilaban entre 10 y 20%.
Obviamente que salían de un sobreprecio, que para transformarse en paquetes e ingresar en los bolsos que iban y venían por esa logística clandestina (pero no por invisible sino por impune), requerían de una arquitectura contable a fin de pasarlo a negro, que liberara las sumas plus acordadas, y blanquearlo para que todo el movimiento de dinero pudiera ser justificado dentro del circuito de los balances, en los que intervienen, bancos, auditorías, la agencia impositiva, etc.
La AFIP, que maneja Leandro Cuccioli, designó una comisión investigadora para que haga un seguimiento del origen de los fondos que eran entregados y cómo se volcaba en la contabilidad de cada compañía.
A su vez, los bancos que recibían de los ministerios las transferencias estipuladas en los contratos y los asignaban en las cuentas de las empresas destinatarias se abocaron de inmediato en un peinado de las operaciones, según afirmó el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Claudio Cesario, que trazaría una línea entre las sumas blanqueadas y negreadas de los contratos inflados para luego ser descremados y envasados en los bolsos, con la contraparte de facturas truchas y filtraciones de las distorsiones que provocan las devaluaciones y la inflación en las normativas contables.
Los investigadores del Conicet y profesores de la UBA , Ariel Coremberg y Martín Grandes, acaban de cuantificar en un artículo publicado en la web dominical de Perfil que, con coimas del 20% en la obra pública, en una década se perdió un 6% del PBI, similar al déficit fiscal total de hoy, o sea unos US$36.000 millones.
La operatoria tiene múltiples derivaciones, más allá del sobreprecio y la coima o aporte a las campañas, como los empresarios prefieren que se encuadre.
Los proyectos tienen eslabonamiento hacia proveedores y consumo menores, o sea afectan al conjunto de la actividad económica local e inclusive a las importaciones, lo cual pone en tela de juicio, entre otros negocios, la sobrefacturación en las millonarias compras de gas realizadas con Venezuela.
Asimismo, se efectuaban maniobras con el IVA descriptas por Wagner: el monto que “quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se utilizaba para iniciar la obra". Es decir, por cada 100 pesos más IVA (121 pesos) que se pagaban para que se empleen trabajadores y se compre material, 100 volvían a través de la línea Baratta, De Vido y Kirchner, y solo 21 iban a la obra. Además, quedaba una deuda con la AFIP.
Nombres repetidos
De memoria, Wagner puso nombre y apellido a una suerte de club de la obra pública, que concertaba el reparto de licitaciones y millones desde la sede de la Cámara de Empresas Viales, Venezuela 736 3er piso, en CABA, para: Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco.
En un intento de defensa ante la presión mediática y judicial para poner al descubierto el circuito de corrupción que giraba en torno de Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, sacó hace 3 años en una solicitada el ranking de las 50 empresas que habían obtenido más contratos de obra de beneficiarios durante la década kirchnerista, según recuerda la periodista Gabriela Granata en BAE Negocios: lo encabeza el grupo Techint, desde donde confirmaron al juez Bonadío el pago de un servicio de gestión ante Venezuela para cobrar una indemnización por la empresa Sidor que le había expropiado el chavismo.
Techint aclaró, entonces, que había recibido sólo el 1% de los contratos porque en el racconto no se habían incluido las contrataciones provinciales.
El top 15 señalado por De Vido lo completan Electroingeniería; Iecsa de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri; Corporación América, de Eduardo Eurnekian (los 3 ya declaran como arrepentidos); INVAP, de la provincia de Río Negro; Odebrecht, multinacional de origen brasileño con tentáculos en todo el continente; Esuco, del otro arrepentido, Carlos Wagner; Cartellone; Rovella Carranza; JCR, de Juan Carlos Relats; el Grupo Roggio; Chediack; CPC, de Cristóbal López; Supercemento, de Julián Astolfoni, e Isolux, de Luis Delso.
Iecsa, Chediack y Cartellone se repiten en los listados, en un caso como lo más beneficiados en volumen y, en otro, como miembros de la entente contratista.
Ya durante la Administración Macri, con De Vido preso y en plena ofensiva para vincular a sus hijos con la causa de Báez, la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, advirtió que muchos empresarios podrían ir presos si se develaba la verdadera trama. Algo de eso sucede pero no precisamente porque haya sido ella quien lo hizo explotar.
En esta oportunidad, en escritos presentados en Comodoro Py, la senadora afirmó que el juez y el fiscal decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, en “oportunidad perfecta” ante las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, “en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes", refiriéndose a la gobernadora María Eugenia Vidal.
Más allá de cualquier entramado de planos que se superponga en las investigaciones, habrá lugares comunes que podrían cruzarse, como con la difusión de cuentas offshore ocultas en el marco de los Panamá Papers, que en parte el blanqueo general de 2016 ayudó a camuflar en cuanto a la responsabilidad fiscal.
El origen de los fondos depositados, en algunos casos, podrían conducir a la corrupción en torno de la obra pública y, si bien el gobierno hasta ahora parece haber quedado marginado de este proceso judicial detonado en el fuero federal (al que CFK vincula a Mauricio Macri, lo mismo que parte del círculo rojo que le achaca culpas en la explosión), de un cruce de data registrada en balances y declaraciones en AFIP y los bancos se repetirían nombres sin importar del lado de la grieta en que se alineen actualmente.
En el programa Sobremesa, que conduce Diego Schurman por FM Milenium (106.7), el abogado y fiscal anticorrupción, Manuel Garrido, señaló que “este gobierno tiene altos niveles de conflicto de intereses. Es un tema que no ha sabido manejar".
Y refiriéndose en ese contexto a "la empresa del primo del Presidente” (IECSA) resaltó que está claramente involucrada. “No creo que nadie piense que Macri era el ícono de la transparencia", afirmó.
La clave de que los empresarios digan que son aportes de campaña es “para que no se vinculen las coimas a los contratos porque temen perder la licitación o la ejecución de las obras que estén pendientes".